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30/7/2000 Entre misses y matanzas   
El sangriento conflicto armado que padece Colombia ha sumido al pueblo en una pobreza galopante. Jóvenes cooperantes españoles trabajan allí de forma anónima y ejemplar en auxilio de los más necesitados. Ésta es la primera entrega de una serie de reportajes sobre el trabajo altruista de españoles en distintas partes del mundo.En Medellín es más fácil conseguir una pistola que un libro, dice el cooperante español Federico Romero. Federico es maestro de escuela en un barrio marginal. Pertenece a la ONG Educación Sin Fronteras. Lleva varios años en Colombia. Ha visto tiroteos callejeros. Heridos y muertos. Fue encañonado, amordazado y maniatado por unos encapuchados durante cinco horas en su misma escuela. Venían a robar. Y ahora repite que aquí es mucho mas fácil tener una pistola que un libro. Lo cual no significa que escasee la lectura. Al contrario. Medellín es un libro abierto lleno de proclamas. La más repetida dice: "Gritemos con orgullo ¡quiero a Medellín!". Pero otras exigen el cese de la violencia, la reaparición de los desaparecidos, el exterminio de los paramilitares, el retorno de Pablo Escobar, la victoria de la guerrilla, la fumigación de los campos de coca, sí al Plan Colombia y no al Plan Colombia. En Medellín se puede hacer un curso de lectura rápida. Todo es rápido. El tráfico. La manera de hablar. El estilo de vida. Y la forma de acabar con ella. Cruzo la calle repitiendo "¡quiero a Medellín!", y casi me atropella una moto. Miro al motorista. En el casco lleva escrita la matrícula. En la espalda lleva escrita la matrícula. En los guardabarros lleva la matrícula. ¿Qué ocurre? El muchacho ha parado. Se acerca. Se disculpa con una larga perorata que recuerda el realismo mágico de Cien años de soledad. Los colombianos hablan como escribe García Márquez. Le pegunto por qué lleva la matrícula de su moto pintada en tantos sitios. Sólo echo de menos una a modo de nariguera precolombina. Eso le hace gracia. Pero no es cosa de reírse, dice. Es una ley. En Colombia existen muchas leyes, aunque no hay ley. ¿Lo entiendo? Y la ley del casco y del chaleco es importante. Si no llevas muy legible la matrícula de tu moto en la cabeza y en la espalda, eres hombre muerto. Desde motos sin matrícula asesinan los sicarios pagados por los narcos o los paramilitares, eso da igual, a sus víctimas. Así que no hay que arriesgarse a ser confundido. Le deseo suerte. El muchacho, que es suave, amable, encantador, se aleja. Y pienso: son de fondo los problemas de este pueblo; de forma, no. Ahora estoy en Bogotá. A pocas manzanas del palacio presidencial, donde el cambio de guardia se hace a ritmo de salsa, miles de desplazados de la guerra vagan por calles de nombres insólitos en busca de cobijo y de comida: calle del Miedo, Colina de la Deshonra, Puerto Puñal, Palo del Ahorcado, Palacio de la Muerte. La prensa de la capital se vuelca más en las misses que en las matanzas, aunque hoy la defensora del Pueblo, por debajo de las pantorrillas de la virreina de la Belleza de Colombia, denuncia otras 235 matanzas sólo en los últimos seis meses. Y añade que la mayoría se deben a los paramilitares. Y pide, ahogada en el humilde rincón de la primera página que le reserva El Espectador, que se acate el Derecho Internacional Humanitario. Y no se acata. Se pisotea. Y aquellos que denuncian las violaciones de esos derechos son objeto de amenazas de muerte. "Suena el teléfono a media noche y dicen: 'Te queda poco, prepárate, estamos cerca", dirán varios entrevistados. Pero aquí llegan más cooperantes de la Brigadas Internacionales de Paz. Llegan en buen momento. Hacen mucha falta. Suele haber quince españoles repartidos por todo el país. Su trabajo es como el del caballero del frac. Visten un atuendo llamativo, en su caso una chaqueta verde con el escudo de la ONG, y siguen como la sombra al amenazado de muerte. Lo acompañan en sus desplazamientos más arriesgados. Montan guardia en su lugar de trabajo. Y, sobre todo, se hacen notar de los asesinos: por el precio de uno tendrían que matar a dos. Y al tratarse de un extranjero, un nacional de un país amigo, ese asesinato tendría una repercusión que no interesa a sus autores. A los brigadistas no les gusta que se les considere escudos humanos. Ni guardaespaldas. No van armados. Son jóvenes y con frecuencia mujeres. Dicen que su función es estrictamente disuasoria. Las autoridades locales saben que ellos van a acompañar a determinadas personas amenazadas. Es una advertencia. Es como decirles: "Cuidado, a mis espaldas hay una organización no gubernamental, pero también existe un Gobierno, un país, todo un pueblo invisible que me apoya". Elena Rey es brigadista. Tiene 33 años. Nació en Mallorca. Llegó a Colombia en enero pasado. Ha sido destinada en Medellín. Cobra como todos los brigadistas: 200 dólares al mes (unas 35.000 pesetas) para cubrir sus gastos, entre ellos la alimentación, recibe el billete de ida y vuelta, dispone de alojamiento en la casa de la ONG, y poco más. Aquí olvida sus caprichos. Pero sin demasiado esfuerzo: "Cuando la tragedia que te rodea es tanta, no piensas en ti misma, sino en los demás", dice. Y ella piensa, por ejemplo, en Marta Soto, una de las personas a las que protege. Marta Soto, colombiana, tiene a un hermano desaparecido desde hace años. Pertenecía al grupo izquierdista Unión Patriótica. La casi totalidad de los 3.000 militantes de ese grupo fueron aniquilados. A su hermano lo desaparecieron, naturalmente los paramilitares. "A los ricos se les secuestra, a los pobres se les desaparece", dice Marta. Pero ella no se da por vencida. Desde su oficina en la Asociación de Familiares de Desaparecidos (ASFADDES), encabeza a otros que, como ella, quieren que se haga justicia. Maribel Martínez es de San Sebastián. Tiene 29 años. Ya lleva un año como brigadista en Bogotá, aunque algunas veces -ahora mismo- tuvo que trasladarse a Medellín porque en las cercanías se registró una matanza y las amenazas de muerte se han recrudecido. Dice que el miedo se supera. "Pienso en el terror que debe sentir la persona que acompaño, alguien a quien constantemente le dicen que le van a matar, y veo que mi miedo no está justificado. Claro que existe un riesgo. Pero lo asumo y creo que vale la pena correrlo". Maribel estudió periodismo y criminología. Está convencida de que su trabajo es útil no sólo por la función disuasoria de un posible crimen, sino también porque "llegas a pertenecer a la familia de esa persona, generalmente humilde, que pide ayuda". La miras y dices: 'Que no la maten, para eso estoy a su lado, yo soy sus ojos y oídos, debo estar alerta, debo salvarla". También Elena Gutiérrez, bilbaína de 32 años, es periodista. Vino hace ya cinco a Colombia. Pensaba quedarse seis meses. El tiempo previsto de un programa de jóvenes cooperantes durante el que debía hacerse cargo de una revista de la embajada española. Colabora con las monjas Adoratrices en en las zonas céntricas de Bogotá, donde se estima que ejercen la prostitución 14.000 mujeres y niños, y las admira por el trabajo que realizan desde hace años. Las monjas montaron una peluquería a precios reventados. Atraen a las prostitutas y a los travestidos. Allí les ofrecen curas de desintoxicación si son drogadictos. Y disponen de un taller de confección en el que enseñan el oficio. Y cuando lo conocen, las mismas monjas les buscan colocación en distintas empresas. Tanta es la pobreza y la incultura de ese sector de la población que Elena no puede olvidar el caso espeluznante de una madre cuya hija, aquejada del síndrome de Down, era violada sistemáticamente por su hermano, quien la preñaba, de acuerdo con la madre, para matar después al recién nacido y cobrar así del Estado la miserable cantidad asignada a entierro. Cortauñas, tintes de pelo, plátanos y un libro titulado Secuestrada es lo que vocean las vendedoras ambulantes cerca del Mueso del Oro. El abogado Luis Guillermo Pérez, miembro del colectivo jurídico José Alvear Restrepo, puede ver a esos vendedores desde su oficina en el edificio Avianca, de Bogotá. También llega a distinguir al pistolero que alguien le envía para intimidarlo. Pero este abogado se asustaría más si, de pronto, dejaran de amanazarlo de muerte. Tal vez se creería ya cadáver. Desde primera hora de la mañana una pareja de brigadistas está en su despacho. Lo acompañan a los juzgados. A la policía. A visitar a presos. "Cuando llego, al fin, por la noche a mi casa todavía vivo, me siento muy afortunado". ¿Por cuánto tiempo podrá decir lo mismo? El pasado 3 de mayo uno de sus mejores amigos, Ramiro Zapata, otro defensor de los Derechos Humanos, fue asesinado en Segovia. "La víspera me había enviado una carta en la que daba los nombres de los que iban a matarle. Esa carta llegó demasiado tarde. Mientras redactaba un documento urgente para denunciar estos hechos a la OEA (Organización de Estados Americanos), recibí la noticia de que acababan de matarlo". Luis Guillermo Pérez añadiría, preocupado, que tiene conocimiento de un plan inminente de asesinatos dirigidos por los paramilitares para acabar con cien defensores de Derechos Humanos. "Lo van a ejecutar con dinero del narcotráfico sirviéndose de sicarios. Lo denominan Grupo 100. La finalidad es impedir la ratificación del Estado colombiano de la Corte Internacional Penal, dejando así impunes a los responsables de muchos crímenes". Ahora, desde un silencioso vagón del metro de Medellín, un suburbano de superficie limpio e impecable, veo la ciudad cortada como a cuchillo en dos pedazos: el río a un lado, edificios modernos, edificios históricos al otro lado, el hospital de San Vicente de Paúl, famoso como el de Harlem por resucitar víctimas de tiroteos y, más allá, el hacinamiento de las comunas de los pobres. Estas comunas trepan por la ladera de las colinas que rodean Medellín, son un volcán de construcciones maltrechas a punto de desmoronarse. Sin embargo, de noche y en la distancia, las luces de ese infierno alegran la vista de los barrios de lujo. Parecen un cielo estrellado. En la comuna Kennedy, que ocupa una estrecha franja de ese inmenso cinturón que alberga a un millón de habitantes, trabaja Federico Romero, el cordobés de 37 años que antes dijo: "En Medellín es más fácil conseguir una pistola que un libro". Trabaja y vive aquí. Es cooperante de la ONG Educación Sin Fronteras, a pesar de que en Kennedy las fronteras existen por mandato e imposición de las bandas armadas. Federico se acostumbró a ellas. Es un vecino más. Llegó a este país hace seis años. Quiso integrarse. Conoce las miserias pero también las grandezas de un barrio marginal donde es difícil vivir con dignidad y ánimo. Está satisfecho de los resultados. La escuela funciona. Han creado un centro recreativo. Lo que antes era un lugar para el ajuste de cuentas entre bandas juveniles, es hoy un campo de fútbol que forma parte de la escuela. Poco a poco. "A veces me digo que nuestro trabajo es sólo pasajero, tenemos un pasaporte en el bolsillo y podemos marcharnos. Pero enseguida pienso que si lo hacemos, si los abandonamos por cansancio o por miedo, las cosas empeorarán". Federico se casó con una colombiana de 29 años, Claudia Úsuga, también maestra y nacida en el barrio. Ha perfeccionado así el modelo de cooperación. Claudia se enamoró de Federico cuando se dio cuenta de que él deseaba compartirlo todo con ellos y nunca les miró como los que sólo vienen a dar dinero y se van. Federico cobra unas 40.000 pesetas al mes. Coordina todos los programas educativos del barrio. Pero le inquietan las amenazas de los paramilitares dirigidas a los vecinos de Kennedy que hasta ahora no se habían producido. "Es algo nuevo relacionado con la infiltración de la guerrilla en los núcleos urbanos. Un aviso peligroso. Como si no tuviéramos bastante con la pobreza, las bandas, los sicarios y la droga". Pero sabrá hacer frente. Lo que necesita, dice, es más material didáctico para la escuela. Conviene que se sepa.

Fuente: El País
  
 
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